El pasado miércoles 17 de junio, la y los ministros de la Prima Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han decidido, por unanimidad, conceder el amparo promovido por TECHO contra el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) por omitir censar a la población que vive en asentamientos populares. Un asentamiento popular es una comunidad de diez o más familias que carecen de, al menos, un servicio básico y, a falta de oportunidades de acceso a viviendas adecuadas, accede por compra, renta o herencia de buena fe a un predio donde construye por sí mismo a su hábitat.
En su sentencia, la SCJN reconoció que el INEGI ha violado los derechos humanos de asentamientos populares, puesto que la ausencia de información estadística impide que se puedan diseñar políticas públicas a nivel municipal, estatal y federal para atender el rezago de vivienda adecuada. Por esta razón, la sentencia ordena al INEGI generar la información estadística desagregada y necesaria para conocer cuántos asentamientos hay en el país, cuántas personas habitan en ellos y en qué condiciones.
Tras la aprobación, en los siguientes meses comenzará lo que se conoce como proceso de ejecución de sentencia. Con el comienzo de este proceso, el INEGI tendrá que definir cuál va a ser su plan de trabajo y metodología para alcanzar los resultados que le ordena la SCJN. TECHO México, por su parte, tendrá la posibilidad de opinar sobre dicha metodología adoptada.
Desde TECHO celebramos esta decisión que es histórica para México por dos razones: primero, porque generar información estadística es el primer paso para diseñar políticas públicas adecuadas que mejoren las condiciones y oportunidades de sus ciudadanos/as. Se trata, además, de un gran paso para un tema prioritario en la región: se estima que uno de cada cuatro latinoamericanos/as vive en un asentamiento popular; el otro aspecto novedoso de la sentencia es que expone por primera vez en la agenda pública a la población que vive en estos territorios. Esto último siembra un precedente importante para este sector de la población que ha sido estigmatizado y sometido a una constante violación de sus derechos.
Estaremos prestando atención al proceso de ejecución de sentencia y desde nuestro lugar nos ponemos a disposición, desde nuestra experiencia trabajando hombro a hombro junto a pobladores/as de más de 200 asentamientos populares, para llevar a cabo este hito. Creemos que es fundamental conformar una mesa de diálogo y coordinación con instituciones públicas clave, como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), organizaciones de la sociedad civil, académicos con experiencia en el trabajo en asentamientos, y, por supuesto, el propio INEGI.
Creemos que la conformación de una mesa de diálogo y coordinación ayudará a agilizar y a facilitar el cumplimiento de sentencia. Sobre todo para aportar insumos para que la metodología elegida atienda al contexto de los asentamientos populares y a los retos que significa generar este tipo de información. Hacemos por este medio la propuesta al INEGI, poniéndonos a su disposición para hacer más ágil y participativo el proceso.
México es un país de ciudades desiguales: 85% de la población económicamente activa no es sujeta a un crédito hipotecario. El mismo sentido de urgencia que afecta a las familias y las movilizó para hacer posible este primer paso, nos tiene que seguir interpelando para llevar a cabo no solamente este censo sino la construcción de un país con ciudades para todas y todos. Los derechos básicos como la vivienda, agua, drenaje, espacios públicos, entre otros, deben ser una garantía para todos y cada uno y una de nuestros habitantes. En ese sentido, el trabajo en conjunto es la base para construir una sociedad más justa y sin pobreza. Sin información no podemos avanzar: si no me cuentan, no cuento.
