Ingrid y Manuel un año después: más de cuatro mil familias siguen esperando respuesta a la emergencia.

Hace un año, mientras la mayoría del país celebraba el Aniversario del inicio de la Revolución de Independencia de México, los huracanes Ingrid y Manuel daban paso por el estado de Guerrero, dejando daños evaluados en más de 65 millones de pesos. A pesar de la emergencia nacional que representó este evento, más de 365 días han pasado y al menos 4000 familias continúan esperando una respuesta.

El 13 de septiembre de este año, en una marcha de más de cuatro mil personas – simbolizando lo que los pueblos debieron caminar en septiembre de 2013 para solicitar ayuda de distintas instituciones y llevar víveres hasta sus comunidades–, el Consejo de Comunidades Damnificadas de La Montaña (CCDM) denunció que a un año del paso de las tormentas y a más de diez meses de que se diera a conocer el Plan Nuevo Guerrero (PNG), con una asignación de más de 37 mil millones de pesos, aún no han sido reparados ni reconstruido caminos, escuelas, centros de salud ni viviendas.

Las acciones de reconstrucción contempladas para los municipios de La Montaña dentro del Plan Nuevo Guerrero (PNG), son insuficientes; tan sólo el 11.4% del total de los recursos del Plan están destinados a los 19 municipios de La Montaña. Además, como reiteradamente denunció el CCDM, este plan del gobierno federal está lejos de poder ser considerado como un plan integral para la reconstrucción de la región, ya que prioriza la ampliación de proyectos ya iniciados – como la Cruzada contra el Hambre – que no son en ningún momento, medias diseñadas específicamente en respuesta a la contingencia, ni mucho menos para revertir la crisis dadas sus dimensiones; no solventa la situación en el mediano plazo; ni mucho menos satisface la dimensión de la pertinencia cultural requerida en este caso.

De igual forma, integrantes del CCDM denunciaron que el proceso de reconstrucción de sus comunidades se ha caracterizado por la improvisación, la descoordinación entre las dependencias de los tres niveles de gobierno y la exclusión de los pueblos indígenas en la toma de decisiones. Asimismo, informaron que, contrario a lo que se ha anunciado públicamente por los distintos niveles de gobierno en los últimos días, la respuesta del Estado ha sido ausente en la Montaña, donde al día de hoy no se ha concluido un solo proceso de reconstrucción en las comunidades afectadas que integran el CCDM. Ante esto, exigieron una respuesta por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el Gobierno del estado y de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) -como instancia instruida para la coordinación de las acciones de reconstrucción en el estado-, a las 4304 familias que han documentado los daños totales o parciales a su vivienda y que no han sido atendidas.

Como un ejemplo de participación ciudadana, autoridades comunitarias, comités y vecinos de las 185 comunidades indígenas que integran el CCDM, realizaron un censo sobre las afectaciones en viviendas provocadas por el paso de las tormentas dicho censo arrojó como resultado un total de 4304 familias cuya vivienda fue dañada total o parcialmente por el paso de las tormentas. Este ejercicio abierto de documentación por parte de las comunidades indígenas, contrasta con la falta de información pública de las instituciones estatales de los distintos niveles de gobierno, quienes se rehúsan a brindar información a las comunidades sobre los resultados de los censos de los daños que se llevaron a cabo en la región y sobre las listas de beneficiarios de los programas que de estos se derivan.

“Las casas que se han construido en algunas comunidades ya se están cuarteando, a nosotros los pueblos indígenas nos discriminan y nos mandan materiales de segunda para las pocas casas que están construyendo, por eso les recordamos que las mentiras de los políticos nos hace unirnos más, porque nosotros merecemos un trato digno”, aseguró Jaime Gálvez, integrante del CCDM en Malinaltepec.

“A un año de las tormentas no hemos visto ni siquiera el 10% de la reconstrucción en las viviendas, Tlacoapa y otros municipios están quedando incomunicados y por eso ahora nadie quiere acercarse. Las escuelas que quedaron destruidas no se han reconstruido, los funcionarios del gobierno se han pasado un año supervisando, en ir a tomar fotos de lo que pasó y es la fecha en que no hacen nada. Conseguimos el terreno para reconstruir el hospital que fue destruido por la tormenta, fueron los funcionarios a decir que en un mes iniciaban la reconstrucción, han pasado más de dos meses y no han hecho nada con el hospital, nos tratan como mexicanos de tercera. Ya nos cansamos de que nos estén supervisando, se la pasaron un año supervisando nada y así quieren seguir otro año más”, reclamó Germán Galeana Sixto, delegado de Tlacoapa.

A un año del paso de Ingrid y Manuel, en la Montaña de Guerrero son visibles los impactos de la devastación en las comunidades; principalmente en la falta de acceso a servicios básicos; las afectaciones en vivienda; así como el mal estado de los caminos rurales que se ven cada vez más afectados por la entrada de la nueva temporada de huracanes. A la fecha, no hay ni un programa, ni un plan de acción gubernamental que responda integralmente a la necesidad de reconstrucción de la región de la Montaña, con excepción de la propuesta impulsada por el CCDM, “Para que llueva maíz en La Montaña” una propuesta de programa de abastecimiento extraordinario y gratuito de granos básicos con una serie de virtudes de primera importancia: enfoque de  derechos, pertinencia cultural y fortalecimiento del tejido social, que aún se encuentra siendo implementado, con deficiencias en las entregas.

Los distintos niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, tienen hoy la oportunidad de aprender de un diálogo abierto y franco con los pueblos indígenas para generar un programa de reconstrucción que realmente encamine “la Política Pública hacia el bienestar social, el desarrollo humano y la participación ciudadana”[1], reabriendo y consolidando los canales de interlocución entre autoridades de alto nivel con las comunidades indígenas, que permitan llevar a generar proyectos incluyentes, con participación comunitaria, perspectiva de derechos humanos y adecuados culturalmente.

Finalmente, el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña y Tlachinollan, seguirán apelando a la solidaridad de la sociedad civil nacional y la comunidad internacional, para que se sigan visibilizando los impactos generados por las afectaciones más severas en las comunidades indígenas, hasta que haya una respuesta adecuada para los pueblos y comunidades de La Montaña de Guerrero.

TECHO México se encuentra desarrollando una serie de acciones dirigidas a apoyar a las comunidades afectadas en la Montaña Alta, por lo que solidariza con el CCDM y Tlachinollan, haciendo un llamado a la sociedad civil y voluntarios a mostrar su respaldo a las comunidades y familias afectadas, esperando trabajar en conjunto por resolver el estado de emergencia en el que se encuentran desde hace más de un año.