El Senado de República aprobó el dictamen que expide la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano el pasado 29 de septiembre. Si bien es necesario un nuevo marco jurídico que enfrente los retos y dificultades actuales en materia de planeación, desarrollo y ordenamiento del hábitat, ésta no prioriza la gran problemática que enfrentan las ciudades de México: atender los retos en derechos humanos de quienes habitan en asentamientos irregulares.
TECHO ha identificado, en colaboración con especialistas urbanos, faltas y ambigüedades que podrían representar un riesgo para lograr que los asentamientos humanos en el país sean ordenados, asequibles, accesibles y sostenibles para todas las personas y evitar la criminalización y estigmatización de la pobreza. Nuestra preocupación se centra en once temas que pueden ser consultados aquí.
Por ello, proponemos y pedimos a la Cámara de Diputados, donde se comenzará a discutir a partir del martes 4 de octubre, incluir un capítulo en la ley sobre asentamientos irregulares donde se reconozca explícitamente a los habitantes de los asentamientos irregulares como población vulnerable que necesita seguridad jurídica y acciones afirmativas para mejorar sus condiciones de vida y gozar plenamente de sus derechos.
Establecer el mandato de generar información para conocer la dimensión real de la problemática, establecer distintos mecanismos de seguridad de la tenencia como parte integrante del derecho a una vivienda adecuada, priorizar la función social del suelo, definir un procedimiento de desalojo en apego a derechos humanos y establecer la necesidad de priorizar estrategias in situ de integración y mejoramiento participativo y alternativas de reubicación adecuada en el caso de las zonas de riesgo, son algunos de los aspectos que debe contemplar la ley para dar seguridad jurídica a esta población vulnerable.
Las problemáticas y las ideas de los habitantes de los asentamientos irregulares merecen ser escuchadas y reconocidas. De acuerdo a investigación académica, cerca del 70% del suelo en que han crecido las ciudades mexicanas ha sido de manera informal y es necesario que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano visibilice esa realidad.
Los marcos normativos deben promover la implementación de cambios prácticos que resulten en la regulación de asentamientos informales y barrios marginales y que se creen conexiones con el ambiente urbano más amplio. La población pobre de las zonas urbanas necesita ser tratada de la misma forma que los demás habitantes y su contribución —trabajo, impuestos y creación de medios de vida— debe ser reconocida, así como también sus derechos a infraestructura, servicios básicos y vivienda adecuada. Esto será fundamental para que el gobierno mexicano logre garantizar efectivamente los derechos establecidos en la Constitución y cumplir con los compromisos y metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Nueva Agenda Urbana.
LA MISMA CIUDAD, LOS MISMOS DERECHOS
En el marco del Día Mundial del Hábitat, este lunes 3 de octubre, TECHO hace un llamado a la sociedad a apoyar la petición en la plataforma change.org que hacen habitantes de asentamientos informales de México y América Latina para que Enrique Peña Nieto y el resto de mandatarios de los países escuchen sus problemáticas y se comprometan con soluciones definitivas.
